DEFENSORIA DEL PUEBLO PRESENTA INFORME DEFENSORIAL Nº 127 SOBRE EDUCACION INCLUSIVA


• Instituciones educativas no cuentan con los recursos humanos y materiales suficientes para garantizar una verdadera inclusión educativa.


La Oficina Defensorial de Piura, presentó el Informe Defensorial N° 127 titulado “Educación inclusiva: educación para todos. Supervisión de la política educativa para niños y niñas con discapacidad en escuelas regulares” .

El mencionado informe da a conocer la existencia de un alto índice de exclusión educativa en perjuicio de los menores con discapacidad. Asimismo revela que los docentes entrevistados no habían sido capacitados respecto al proceso de inclusión, mientras que el 59 por cierto de los referidos educadores dijo que pese a contar con estudiantes con discapacidad en sus aulas no habían recibido ayuda por parte de los Servicios de Apoyo y Asesoramiento para la Atención de Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (SAANEE) que deben asegurar los Centros de Educación Básica Especial (CEBE) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL).

El estudio también da cuenta que sólo el 7 por ciento de los docentes de las 82 instituciones educativas supervisadas en las 24 regiones del país habría recibido los textos, guías o materiales educativos adaptados.

El Informe –elaborado por la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad- recoge el trabajo realizado en los meses de febrero y agosto de 2007 y da cuenta del proceso de inclusión de niños y niñas con discapacidad al sistema educativo regular que viene impulsando el Ministerio de Educación en el marco de la “Década de la Educación Inclusiva 2003-2012”.

La Defensoría del Pueblo, considera que el diseño de la política de educación inclusiva por parte del Ministerio de Educación es positivo y se enmarca dentro de los principios reconocidos en las normas nacionales e internacionales sobre la materia. La educación inclusiva -a diferencia de la educación especial- permite a los niños y niñas con discapacidad acceder a las mismas oportunidades de educación que los demás estudiantes y constituye una herramienta efectiva contra la discriminación pues enseña a todos los estudiantes a valorar las diferencias desde las escuelas.

No obstante, de acuerdo con el mismo Informe, la implementación de la política de educación inclusiva no viene garantizando la efectiva participación de los estudiantes con discapacidad en el proceso educativo. Los principales problemas detectados por la Defensoría del Pueblo son la insuficiente capacitación docente y la falta de presupuesto, así como la carencia de equipos especializados en educación inclusiva en todo el territorio nacional.

En ese sentido, las recomendaciones del Informe Defensorial Nº 127 dirigidas al Congreso de la República, al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Ecuación y a los Gobiernos Regionales, buscan el incremento de los recursos que se destinan para la implementación de la política de educación inclusiva, de modo que se destinen los fondos suficientes y sostenibles para la realización de capacitaciones a docentes, la adecuación de la infraestructura de las instituciones educativas a las normas de accesibilidad, la constitución de servicios especializados de apoyo al proceso de inclusión, entre otras medidas orientadas a garantizar una educación de calidad para los niños y niñas con discapacidad que asisten a la escuela regular.