sábado, agosto 27, 2011

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En lo que va del 2011


Once accidentes laborales por falta de cultura de seguridad



Un total de once accidentes con resultados graves o mortales, ocurridosen centros laborales se han reportado ante la Dirección Regional de Trabajo el presente año, cifra que podría incrementarse debido a la falta de una cultura preventiva de seguridad, tanto por parte del empleador como por parte de los trabajadores, indicó la directora regional de Trabajo, Ana Castillo Campos.


La funcionaria indicó que se están perdiendo vidas por el incumplimiento de las normas de seguridad, como el caso de las muertes ocurridas en pesqueras y agroindustriales por electrocución.



La falta de prevenciónes el común denominador en las empresas visitadas por los inspectores detrabajo en el marco de los operativos de seguridad y salud.



Es común observar a obreros trabajando en edificaciones sin los implementos básicos de protección, como cascos, guantes, overoles,arneses y botas de jebe.


Asimismo presencia de conexiones inseguras,andamios levantados de forma precaria, vías de salida de difícil desplazamiento debido a montículos de arena, palos u otros materiales deconstrucción forman parte del escenario de las construcciones en la región.



Sin embargo, la directora recalcó que también se ha observado algunos casos en que los empresarios dotan de los accesorios reglamentarios a sus trabajadores, ellos se rehusan a utilizarlos argumentandoincomodidad o calor.



Por ese motivo, y luego del incremento de inspectores recibidos, la Dirección Regional de Trabajo está intensificando las visitas de orientación y prevención en las provincias de Paita, Piura, Talara y Sullana, para capacitar al personal sobre sus derechos, a empleadores sobre sus obligaciones, y emitir las recomendaciones necesarias para cumplir con las normas vigentes.



Cuando se encuentran faltas reiterativas y la empresa hace caso omiso a las observaciones realizadas, se inicia el proceso para la imposición de sanciones monetarias, que varían de acuerdo al número y tipo de faltas,así como a la cantidad de trabajadores. Las multas van desde 1980 nuevos soles hasta 36 mil nuevos soles.



Derechos laborales


La vigilancia en el centro de trabajo también incluye la verificación dela inclusión de trabajadores en planillas, el abono



Constata la Dirección Regional de Trabajo


Obreros de construcción trabajan sin seguridad ni beneficios laborales


La paralización parcial de la construcción de un edificio multifamiliarla aplicación de una multa a la Clínica San Miguel por obstrucción a la inspección, fue el resultado de la intervenciónrealizada por un equipo de inspectores de la Dirección Regional deTrabajo, liderado por la titular del sector, Ana Castillo Campos.



La visita preventiva se originó por las denuncias que alertaban sobre el peligro que corrían los trabajadores al realizar su labor sin ninguna medida de seguridad, y la finalidad de la citada dirección fue,precisamente, supervisar si la constructora responsable estaba respetando tanto las normas de seguridad como los derechos laborales de sus obreros.



En la obra situada en la avenida Los Cocos Mz. C lote 5, de la urbanización Club Grau, donde la empresa Proyectos EIRL construye el Edificio Las Buganvillas, los inspectores de trabajo encontraron a 16 obreros laborando sin ningún implemento de protección, como casco,guantes, botas y overoles.



Además, un grupo estaba trabajando sobre precarios andamios colocados a lo largo de seis pisos, sin arneses deseguridad. Ningún trabajador estaba en planilla, y según manifestaron los obreros,tampoco recibían la remuneración básica ni los beneficios laborales que determina la ley.



En la parte posterior, con salida a la calle Mendiburu de la urbanización Clark, los inspectores hallaron a otro grupo de 20 trabajadores en las mismas condiciones.


Finalmente se dispuso la suspensión temporal de parte de la obra, y se dio un plazo de 24 horas para el levantamiento de las principales observaciones de seguridad y hasta el 5 de setiembre para mostrar la documentación de planillas de los trabajadores.



Multa por obstrucción


El inspector responsable impuso una multa inapelable de S/. 1980 nuevos soles a la Clínica San Miguel, por obstrucción a la labor inspectiva,debido a que no se permitió el ingreso del equipo para verificar las condiciones de trabajo de los obreros que se encontraban en las obras que se efectúan en los pisos superiores del edificio.












DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXHORTA CONTINUAR EL DIÁLOGO POR DEUDA DE COLEGIOS EN EL SERVICIO DE AGUA
· Se exhorta la suspensión de la medida de restricción de los servicios de agua y saneamiento.
· Se afectaría los derechos a la educación, salud y dignidad de alumnos de Piura

La Defensoría del Pueblo en Piura inició una intervención de Oficio el día 06 de julio, en atención a la información periodística difundida en nuestra ciudad sobre el corte del servicio de agua potable por EPS Grau a instituciones educativas con gran afluencia de la niñez y adolescencia.
La Oficina Defensorial de nuestra Región ha venido insistiendo desde 2007 en que se publicó el Informe Defensorial Nro. 131 denominado “Gratuidad en las Escuelas Públicas: Un compromiso pendiente”, la necesidad que el Estado asuma el pago de los servicios básicos como el agua y saneamiento de todas las instituciones educativas, en cumplimiento de la ley 27627, cuyos gastos deben ser íntegramente asumidos por el Tesoro Público.

Sin embargo, se ha constatado en todos estos años, que la obligación del estado es trasladada a los padres y madres de familia, lo que ha generado el condicionamiento de la matrícula o la continuidad de su educación, al pago de gastos administrativos, que cubren las deudas por servicios públicos, reflejando de esta manera una tendencia a la sustitución de las obligaciones del Estado por los padres de familia.

El Dr. César Orrego “lamentó la adopción de la medida de corte de agua, porque afecta el derecho a la educación de niños y niñas, contraviniendo la obligación estatal de garantizar el acceso al servicio educativo, con las condiciones adecuadas para el normal desarrollo de las clases, vulnerando la dignidad de los escolares”.

El Representante del Defensor del Pueblo aseveró que “dicha medida, amenaza el goce del derecho a la salud de los niños y niñas que van a estudiar, puesto que no tendrán el agua para asearse, para beber, para utilizar los servicios higiénicos o para realizar la limpieza de los ambientes del local escolar.”

Orrego considera que “siendo legítima la acreencia de la EPS Grau, la empresa debe consensuar mecanismos con el Gobierno Regional para efectivizar su pago, privilegiando la no vulneración de los derechos humanos de los estudiantes.”

La institución defensora de los derechos humanos, ha remitido con fecha 24 de agosto recomendaciones a la EPS Grau, Gobierno Regional y Dirección Regional de Educación, exhortándolas a continuar el diálogo para alcanzar una solución definitiva, lo que ha sido reiterado el día de hoy 26 de agosto. Finalmente se ha solicitado a las instituciones involucradas una reunión de urgencia para tratar y resolver la problemática.