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DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXHORTA CONTINUAR EL DIÁLOGO POR DEUDA DE COLEGIOS EN EL SERVICIO DE AGUA
· Se exhorta la suspensión de la medida de restricción de los servicios de agua y saneamiento.
· Se afectaría los derechos a la educación, salud y dignidad de alumnos de Piura

La Defensoría del Pueblo en Piura inició una intervención de Oficio el día 06 de julio, en atención a la información periodística difundida en nuestra ciudad sobre el corte del servicio de agua potable por EPS Grau a instituciones educativas con gran afluencia de la niñez y adolescencia.
La Oficina Defensorial de nuestra Región ha venido insistiendo desde 2007 en que se publicó el Informe Defensorial Nro. 131 denominado “Gratuidad en las Escuelas Públicas: Un compromiso pendiente”, la necesidad que el Estado asuma el pago de los servicios básicos como el agua y saneamiento de todas las instituciones educativas, en cumplimiento de la ley 27627, cuyos gastos deben ser íntegramente asumidos por el Tesoro Público.

Sin embargo, se ha constatado en todos estos años, que la obligación del estado es trasladada a los padres y madres de familia, lo que ha generado el condicionamiento de la matrícula o la continuidad de su educación, al pago de gastos administrativos, que cubren las deudas por servicios públicos, reflejando de esta manera una tendencia a la sustitución de las obligaciones del Estado por los padres de familia.

El Dr. César Orrego “lamentó la adopción de la medida de corte de agua, porque afecta el derecho a la educación de niños y niñas, contraviniendo la obligación estatal de garantizar el acceso al servicio educativo, con las condiciones adecuadas para el normal desarrollo de las clases, vulnerando la dignidad de los escolares”.

El Representante del Defensor del Pueblo aseveró que “dicha medida, amenaza el goce del derecho a la salud de los niños y niñas que van a estudiar, puesto que no tendrán el agua para asearse, para beber, para utilizar los servicios higiénicos o para realizar la limpieza de los ambientes del local escolar.”

Orrego considera que “siendo legítima la acreencia de la EPS Grau, la empresa debe consensuar mecanismos con el Gobierno Regional para efectivizar su pago, privilegiando la no vulneración de los derechos humanos de los estudiantes.”

La institución defensora de los derechos humanos, ha remitido con fecha 24 de agosto recomendaciones a la EPS Grau, Gobierno Regional y Dirección Regional de Educación, exhortándolas a continuar el diálogo para alcanzar una solución definitiva, lo que ha sido reiterado el día de hoy 26 de agosto. Finalmente se ha solicitado a las instituciones involucradas una reunión de urgencia para tratar y resolver la problemática.