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PROMOTORES DE ENCUESTA SOBRE CONCESION DEL PUERTO DENUNCIAN
Gobierno alista una concesión entreguista y parasitaria de Paita en que el privado no invierte nada y recibe todo a costa de las arcas estatales. Ahora quieren privatizar puertos en forma gratuita
El colmo. No sólo los regalan, sino que el Estado les paga a los privados. No contento con alentar un esquema privatizador y entreguista de nuestros recursos e infraestructura estratégica, el gobierno aprista va más allá y ahora pretende no sólo regalar mediante una concesión irregular el puerto de Paita, sino incluso que sea el Estado que costee, mediante millonarias partidas presupuestadas, la inversión en el puerto, que supuestamente debe estar en manos del grupo ganador de la concesión.
Esta es la conclusión a la que se llega tras analizar el modelo de contrato que Proinversión busca imponer para el puerto de Paita, el cual no se contenta con trabar una posibilidad real de desarrollo a cargo de las autoridades y la ciudad de Paita, sino que favorece abiertamente a varios grupos de poder económico y a sus negocios mercantilistas.
Para el representante de los trabajadores portuarios ante la Autoridad Portuaria Nacional, Manuel Dammert, este contrato es inconstitucional, ya que además de alentar el monopolio de los servicios portuarios compromete recursos estatales por más de 300 millones de dólares para garantizar la supuesta "inversión" a cargo del concesionario.
"Según el contrato, la empresa concesionaria debe poseer un capital social de 13 millones de dólares, en el banco únicamente 3,2 millones y el socio estratégico tener un mínimo de un millón. Si cumple con ello, el Estado le otorga el control total del puerto, además del monopolio de los "servicios especiales" (transporte, contenedores refrigerados), los cuales además no están regulados.
O sea, puede cobrar la tarifa que quiera, sin que ningún organismo de control pueda hacer nada, en perjuicio de los usuarios. Es decir, una utilidad gigantesca a costa de un capital mínimo", informó.
Sin embargo, lo más grave del asunto para Dammert es que, según el contrato, el Estado tiene la obligación de asegurar un "ingreso mínimo garantizado" a costa de las arcas estatales."Según el contrato, debe haber una determinada meta de utilidades para cada año.
En caso que el concesionario no cumpla con la meta, el Estado tiene la obligación de completar esa diferencia. Para ello, el Estado ha comprometido, mediante partidas presupuestales, más de 352 millones de dólares para garantizar esta meta.
Es decir, un subsidio parasitario que pretenden que paguemos todos los peruanos", sostuvo Dammert, quien además reveló que en caso de ocurrir lo contrario (que haya ganancias), el privado sólo tiene la obligación de otorgar un 2% de ellas, las cuales serían a lo sumo de 300,000 soles al año.
De otro lado, otro punto discutible de este contrato es el referido a la pérdida de la soberanía del puerto, ya que éste puede ser puesto como garantía para operaciones financieras.
"Es decir, se hipoteca la concesión, lo que permite a los acreedores imponer a un nuevo socio estratégico sin que ello pueda ser objetado por el Estado", señaló Dammert, quien también aclaró que, además de todas estas ventajas y gollerías, el contrato no obliga al concesionario a realizar inversiones en el puerto en un espacio de 7 años.
DETALLE
Las ganancias actuales del puerto de Paita, administrado por Enapu, son de diez millones de soles anuales.
En caso de subir un privado, sólo sería de 300,000 al año en el mejor de los escenarios. Además, con el nuevo concesionario los sobrecostos subirían en 60%.
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