DEFENSORIA DEL PUEBLO ABORDA TEMA DE MALTRATO INFANTIL
· ANTE CASOS DENUNCIADOS A LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
· SE REUNE CON GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL
La Oficina Defensorial de Piura, en el marco de sus funciones de protección de los derechos de la niñez, ha venido implementando una serie de líneas concretas de intervención Defensorial a favor de los sectores más vulnerables de la población como son los niños y adolescentes, con especial énfasis en los que cursan estudios primarios y secundarios en las instituciones públicas.
En ese orden de ideas resulta importante recordar escuetamente el marco normativo relacionado con los intereses de los estudiantes. El Código de los Niños y Adolescentes no sólo reconocen el derecho de éstos a que se respete su integridad física y psicológica sino a ser respetados por parte de sus educadores, estableciendo además la obligación de los directores de las instituciones educativas de proteger a los alumnos contra los maltratos. A su vez, la Ley General de Educación reconoce que el estudiante es el centro del proceso y del sistema educativo, y quien tiene derecho a recibir, entre otras cosas, un buen trato. Finalmente y en líneas generales, la Constitución Política y la Convención de los Derechos del Niño apuntan a proteger el fundamental derecho a la vida, a la integridad e indemnidad física y sexual de los niños y adolescentes.
Es por ello que la Defensoría del Pueblo ha puesto especial énfasis en el establecimiento de estrategias de intervención para la erradicación de actos de maltrato físico y psicológico, así como acoso y violación sexual en contra de los y las estudiantes.
En el caso de la Oficina Defensorial de Piura, desde 1999 a la fecha se han presentado 50 casos de maltrato infantil en sus diversas modalidades: maltratos físicos (03), actos que vulneran la libertad e indemnidad sexual (18) y maltrato físico o psicológico en la prestación del servicio educativo (29).
En atención a ello, en el mes de mayo de 2009 la Oficina Defensorial de Piura sostuvo una reunión de trabajo con la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Piura, a fin de tratar el tema de la necesidad de reestructurar y fortalecer las comisiones de procesos disciplinarios en las Unidades de Gestión Educativa Local, de manera que se pueda contar con personal permanente y capacitado, garantizando así una adecuada investigación de los hechos que, sobre los maltratos mencionados, son denunciados en el sector Educación.
No obstante este esfuerzo institucional, en el presente año se ha venido presentando nuevos casos de maltrato físico y/o psicológico y hostigamiento sexual contra alumnos de las diferentes instituciones educativas de la Región. Por tal razón la Oficina Defensorial de Piura ha convocado nuevamente a una reunión de trabajo al nuevo Gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Piura, Ing. Luis Llacsahuanga Timoteo, a fin de coordinar las líneas de base de actuación de las instituciones frente a estos graves actos que atentan contra los derechos de la niñez y adolescencia.
Se ha considerado que una primera línea de acción consistirá en la elaboración formal de un plan de trabajo que, frente a estos hechos, tenga un carácter preventivo y disuasivo. Para tales efectos, la Gerencia de Desarrollo Social elaborará primeramente un “diagnóstico” que contemple la identificación de los problemas que, en temas de investigación de denuncias de hostigamiento y violencia, existen en el sector Educación. Ello implicará convocar a las principales instituciones vinculadas al tratamiento y solución de la problemática como son: Las Comisiones de Atención de Denuncias y Reclamos - CADER, las comisiones de procesos administrativos disciplinarios, los directores de las Unidades de Gestión Educativa Local - UGELs y el Gobierno Regional. Una vez que se cuente con dicho diagnóstico, se elaborará un plan de trabajo operativo y participativo, articulado al mismo tiempo, con el Plan Regional a favor de la niñez ya existente en el Gobierno Regional.
La Defensoría del Pueblo ha considerado igualmente importante que, para garantizar el éxito de este plan de trabajo, se cuente con un sistema idóneo de información que permita conocer con precisión el número de casos sobre violencia física y/o psicológica y acoso o violencia sexual, con lo cual se reforzará y mejorará los procedimientos de imposición de sanción a los docentes que incurran en tan graves actos. Así, además del número de casos, se podrá contar con información sobre la gravedad de los hechos denunciados, el tiempo que demora la investigación, el tipo de sanción a imponer, las impugnaciones contra la sanción impuestas, incluso el número de sanciones desestimadas por el Poder Judicial. De esta manera, se podrá conocer paralelamente si los responsables de conducir los procesos de investigación cumplen con los plazos, formalidades y objetivos de la ley vinculados a los procesos disciplinarios y a los derechos de la niñez y adolescencia y, especialmente, si se cumplen con dictar las medidas de protección que, por ley, debe otorgarse a favor de los menores agraviados.
Otro aspecto importante que la Defensoría del Pueblo ha planteado al Gobierno Regional es incluir en su diagnóstico el nivel de coordinación que durante el curso de las investigaciones tiene el sector Educación con otros órganos de apoyo como el sector Salud en materia de las evaluaciones psicológicas; la identificación de las instituciones educativas donde se presentan los casos de violencia y hostigamiento sexual y los antecedentes de los docentes que incurren en este tipo de conductas. De esta manera se logrará un mayor monitoreo y supervisión del cumplimiento de la ley de la materia así como un mayor y mejor reforzamiento de las capacidades de los integrantes de las comisiones de procesos disciplinarios.
La Gerencia de Desarrollo Social ha considerado que la primera quincena de noviembre estaría listo el diagnóstico.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo continuará supervisando estas políticas de intervención en defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, para lo cual ya se han elaborado sendos documentos de trabajo como el Informe Defensorial Nº147, relacionado con el seguimiento de las recomendaciones que la sede nacional ha comunicado a las diferentes instituciones públicas.
· ANTE CASOS DENUNCIADOS A LA DEFENSORIA DEL PUEBLO
· SE REUNE CON GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL
La Oficina Defensorial de Piura, en el marco de sus funciones de protección de los derechos de la niñez, ha venido implementando una serie de líneas concretas de intervención Defensorial a favor de los sectores más vulnerables de la población como son los niños y adolescentes, con especial énfasis en los que cursan estudios primarios y secundarios en las instituciones públicas.
En ese orden de ideas resulta importante recordar escuetamente el marco normativo relacionado con los intereses de los estudiantes. El Código de los Niños y Adolescentes no sólo reconocen el derecho de éstos a que se respete su integridad física y psicológica sino a ser respetados por parte de sus educadores, estableciendo además la obligación de los directores de las instituciones educativas de proteger a los alumnos contra los maltratos. A su vez, la Ley General de Educación reconoce que el estudiante es el centro del proceso y del sistema educativo, y quien tiene derecho a recibir, entre otras cosas, un buen trato. Finalmente y en líneas generales, la Constitución Política y la Convención de los Derechos del Niño apuntan a proteger el fundamental derecho a la vida, a la integridad e indemnidad física y sexual de los niños y adolescentes.
Es por ello que la Defensoría del Pueblo ha puesto especial énfasis en el establecimiento de estrategias de intervención para la erradicación de actos de maltrato físico y psicológico, así como acoso y violación sexual en contra de los y las estudiantes.
En el caso de la Oficina Defensorial de Piura, desde 1999 a la fecha se han presentado 50 casos de maltrato infantil en sus diversas modalidades: maltratos físicos (03), actos que vulneran la libertad e indemnidad sexual (18) y maltrato físico o psicológico en la prestación del servicio educativo (29).
En atención a ello, en el mes de mayo de 2009 la Oficina Defensorial de Piura sostuvo una reunión de trabajo con la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Piura, a fin de tratar el tema de la necesidad de reestructurar y fortalecer las comisiones de procesos disciplinarios en las Unidades de Gestión Educativa Local, de manera que se pueda contar con personal permanente y capacitado, garantizando así una adecuada investigación de los hechos que, sobre los maltratos mencionados, son denunciados en el sector Educación.
No obstante este esfuerzo institucional, en el presente año se ha venido presentando nuevos casos de maltrato físico y/o psicológico y hostigamiento sexual contra alumnos de las diferentes instituciones educativas de la Región. Por tal razón la Oficina Defensorial de Piura ha convocado nuevamente a una reunión de trabajo al nuevo Gerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Piura, Ing. Luis Llacsahuanga Timoteo, a fin de coordinar las líneas de base de actuación de las instituciones frente a estos graves actos que atentan contra los derechos de la niñez y adolescencia.
Se ha considerado que una primera línea de acción consistirá en la elaboración formal de un plan de trabajo que, frente a estos hechos, tenga un carácter preventivo y disuasivo. Para tales efectos, la Gerencia de Desarrollo Social elaborará primeramente un “diagnóstico” que contemple la identificación de los problemas que, en temas de investigación de denuncias de hostigamiento y violencia, existen en el sector Educación. Ello implicará convocar a las principales instituciones vinculadas al tratamiento y solución de la problemática como son: Las Comisiones de Atención de Denuncias y Reclamos - CADER, las comisiones de procesos administrativos disciplinarios, los directores de las Unidades de Gestión Educativa Local - UGELs y el Gobierno Regional. Una vez que se cuente con dicho diagnóstico, se elaborará un plan de trabajo operativo y participativo, articulado al mismo tiempo, con el Plan Regional a favor de la niñez ya existente en el Gobierno Regional.
La Defensoría del Pueblo ha considerado igualmente importante que, para garantizar el éxito de este plan de trabajo, se cuente con un sistema idóneo de información que permita conocer con precisión el número de casos sobre violencia física y/o psicológica y acoso o violencia sexual, con lo cual se reforzará y mejorará los procedimientos de imposición de sanción a los docentes que incurran en tan graves actos. Así, además del número de casos, se podrá contar con información sobre la gravedad de los hechos denunciados, el tiempo que demora la investigación, el tipo de sanción a imponer, las impugnaciones contra la sanción impuestas, incluso el número de sanciones desestimadas por el Poder Judicial. De esta manera, se podrá conocer paralelamente si los responsables de conducir los procesos de investigación cumplen con los plazos, formalidades y objetivos de la ley vinculados a los procesos disciplinarios y a los derechos de la niñez y adolescencia y, especialmente, si se cumplen con dictar las medidas de protección que, por ley, debe otorgarse a favor de los menores agraviados.
Otro aspecto importante que la Defensoría del Pueblo ha planteado al Gobierno Regional es incluir en su diagnóstico el nivel de coordinación que durante el curso de las investigaciones tiene el sector Educación con otros órganos de apoyo como el sector Salud en materia de las evaluaciones psicológicas; la identificación de las instituciones educativas donde se presentan los casos de violencia y hostigamiento sexual y los antecedentes de los docentes que incurren en este tipo de conductas. De esta manera se logrará un mayor monitoreo y supervisión del cumplimiento de la ley de la materia así como un mayor y mejor reforzamiento de las capacidades de los integrantes de las comisiones de procesos disciplinarios.
La Gerencia de Desarrollo Social ha considerado que la primera quincena de noviembre estaría listo el diagnóstico.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo continuará supervisando estas políticas de intervención en defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, para lo cual ya se han elaborado sendos documentos de trabajo como el Informe Defensorial Nº147, relacionado con el seguimiento de las recomendaciones que la sede nacional ha comunicado a las diferentes instituciones públicas.
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