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Lunes 10 de Mayo.- Alberto Fujimori no solo recibe ingentes cantidades de visitantes, sino que también reina y manda a su gusto en la Diroes. En estas imágenes exclusivas se le observa discutiendo con el maestro que supervisa las obras de pavimentación del espacio que el ex Presidente planea destinar como parqueadero de su centro de reclusión, donde sus visitantes podrán estacionar sus vehículos.
La revelación que CARETAS hizo la semana pasada trajo una cola tan larga como la de los simpatizantes que esperaban visitar al ex presidente. La evidencia de la cantidad de éstos llegó al punto que el propio jefe del INPE, Rubén Rodríguez Rabanal, reconoció en RPP el viernes 14 que el ex presidente ha llegado a recibir 180 personas en un solo día. Añadió además que su institución no tenía derecho a supervisar lo tratado durante las visitas, lo que facilitaría el “adoctrinamiento” político de dirigentes populares denunciado por esta revista.
Luego de una serie de declaraciones contradictorias por parte de miembros del gobierno, el presidente Alan García marcó la pauta a seguir esa misma mañana de viernes:
“Está bien que las personas visiten a una persona detenida, uno puede recibir a sus amigos, familiares, sus parlamentarios”, reflexionó. “Pero que eso se convierta en una manifestación o adoctrinamiento, es un exceso, demasiado. No hay que abusar de ello”.
Rodríguez Rabanal y el ministro de Justicia, Víctor García Toma, responsabilizaron en un principio de los hechos al director de la Diroes, Coronel PNP Edinson Salas Zúñiga. Éste devolvió la pelota y retrucó que el control está a cargo del INPE, que incluso cuenta con un acceso independiente hacia la calle por la puerta Nº 2. El ministro del Interior, Octavio Salazar, añadió que “lo que hace la Policía es el resguardo exterior. La administración interna no está a cargo del Ministerio del Interior ni de la Policía Nacional”.
Al final, el ministro García Toma anunció que el flujo de visitantes será más controlado y que no excederán de 15 al día. Como tratando de calmar las aguas, la congresista fujimorista Luisa María Cuculiza declaró que el líder condenado a 25 años “no va a tener ningún problema en recibir menos gente, pero eso es una demostración más de que la gente lo quiere, porque pese a estar lejos de ellos tratan de saludarlo”. Cuculiza negó que Fujimori viva en una cárcel dorada.
“Hasta el reo más común tiene teléfono público y por qué el presidente no lo va a tener”, preguntó. “En la Diroes no hay teléfono público. Son comentarios que están fuera de sitio. Como ven que Keiko sube, sube y sube en las encuestas, tratan de tumbarla políticamente”.
Pero las muestras fotográficas y de video presentadas en la presente edición demuestran que Fujimori no solo recibe ingentes cantidades de visitantes, sino que también reina y manda a su gusto en la Diroes. En las imágenes captadas el lunes 10 de mayo, se le observa discutiendo con el maestro de obras que supervisa las obras de pavimentación del espacio que el ex presidente planea destinar como parqueadero de su centro de reclusión, donde sus visitantes podrán estacionar sus vehículos.
El primer cuestionamiento es obvio: ¿Por qué Fujimori, que es al fin y al cabo un sentenciado, puede proponer y supervisar modificaciones en su centro de reclusión?
La segunda observación refuerza la idea de la Fuji-Farsa. El régimen penitenciario otorgado a Fujimori hace casi dos años es mucho menos severo que el primero que le impusieron (CARETAS 2129). Pero aún así establece que, entre las seis de la mañana y las seis de la tarde, el interno solo puede moverse entre la celda, los pasadizos y el patio. A partir de entonces, y hasta las nueve de la noche, se le permite caminar por su celda y los pasadizos. El cierre de la celda es a las nueve de la noche.
Aquí Fujimori aparece a unos 33 metros de su celda, coordinando obras a aproximadamente 20 metros de la puerta trasera del fundo Barbadillo. Aquella por la cual CARETAS capturó las fotografías publicadas la semana pasada, por la que ingresan los muchos visitantes del ex presidente.
Para el fiscal Avelino Guillén, que participó activamente durante el juicio contra Fujimori, “la Diroes funciona como un local partidario y eso no es permitido en ningún país del mundo. Depende del ministro de Justicia cesar con esta burla al país”.
Esta situación es suficiente para plantear otras preguntas sobre materias investigadas periodísticamente en los últimos días:
¿Se cierra la celda a las nueve de la noche?
¿Fujimori recibe visitas por fuera del horario, bien entrada la noche, que son registradas en un segundo cuaderno de ocurrencias?
¿El INPE tiene el control de lo que ocurre dentro de las instalaciones policiales, incluidas las modificaciones practicadas?
Habla Carrión
El ex director de la Policía, Gustavo Carrión, era presidente del INPE cuando Fujimori fue capturado. Carrión fue un innovador en políticas carcelarias. Fue el primero quien, al frente del penal Castro Castro, introdujo en los establecimientos penitenciarios peruanos presentaciones de orquestas de música clásica y otras actividades culturales antes impensables. Durante ese período también trabó una sólida amistad con el ex primer ministro Yehude Simon, recluido entonces por vinculaciones con el MRTA.
Carrión tuvo varios encontronazos con la ministra de Justicia Rosario Fernández. Ahora considera que la presión política para cambiar el régimen de Fujimori “fue una de las razones de mi salida del INPE. Los fujimoristas ya habían solicitado el cambio y respondí que no procedía”.
Carrión consideró que a Fujimori le correspondía el régimen de máxima seguridad en nivel B (Abimael Guzmán, por ejemplo, tiene el A, que es el más severo) por las características de los hechos delictivos por los que se le juzgaba, que en este caso era la pertenencia a una organización criminal. “La norma no se refiere a delitos específicos sino a características”, explica.
También discrepa abiertamente con la lógica del premier Javier Velásquez Quesquén, quien el jueves 13 declaró desde Ambo, Huánuco, que “vivimos en democracia y no hay que tenerles miedo a las ideas. A veces los excesos pueden llevarnos a que pueda haber la percepción de que no vivimos en una democracia sino en una dictadura… yo prefiero que en el Perú se expresen las ideas. Soy un demócrata a carta cabal y nosotros no podemos aplicar la dictadura de pensamiento”.
De similar razonamiento fue el abogado de Fujimori, César Nakazaki, quien considera que “el tema de fondo es que no quieren que Fujimori sea el motor de un movimiento político, porque si Keiko no estuviera en las encuestas a nadie le interesaría. Lamentablemente para el enemigo su única limitación es a ser elegido, pero expresar sus ideologías no está prohibido porque es parte de libertad de expresión… ha perdido dos únicos derechos: libertad ambulatoria y poder ejercer funciones públicas”.
Al Año de la Sentencia
Carrión tiene otros argumentos. “Sale Velásquez y dice que los presos tienen derecho a exponer sus ideas”, critica. “El procesado sí. Pero el sentenciado no puede votar. Tiene suspendidos sus derechos civiles. Si fuera así, en el penal Castro Castro, que ha sido convertido a un régimen cerrado ordinario (como el de Fujimori, y donde está recluida buena parte de la dirigencia senderista), los presos podrían expresar sus ideas sin ningún problema. O si fuera en Lurigancho habría que multiplicar 180 visitas diarias por nueve mil presos”.
Para Carrión, “las preferencias están desde un principio. Cuando lo iban a traer, Luis Alva Castro (entonces ministro del Interior) sacó al jefe de la Diroes. Le habían puesto alfombra, le enchaparon las paredes. Quiso tener cable y me opuse. Le pidieron permiso al juez César San Martín, que me preguntó y yo sencillamente le respondí con el reglamento de visitas. No les dio el permiso”.
Este policía retirado concluye que “la sentencia confirma que no debieron cambiarle de régimen. Fue condenado a 25 años de prisión por homicidio calificado. Hablamos de múltiples muertes, de haber dirigido mediáticamente al Grupo Colina”.
Se trata, ciertamente, de una situación muy particular. Esta semana se celebra en Lima el seminario internacional La Trascendencia del Juicio a Fujimori, organizado por el IDL y la universidad estadounidense George Washington. El miércoles 19 y jueves 20 disertarán, a un año de la histórica sentencia, personajes como Ricardo Gil (diputado argentino y ex magistrado que condenó a la Junta Militar) y Juan Méndez (ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos).
Al mismo tiempo, la opción fujimorista mantiene un expectante segundo puesto en las encuestas con miras al 2011 y es un sector que tiene la atención no solo de los electores, sino de los demás partidos políticos, incluido el APRA a juzgar por las declaraciones del primer ministro. El “líder natural” del movimiento ha sido encarcelado por graves acusaciones pero sigue moviendo con toda libertad sus fichas políticas desde la reclusión.
El Régimen de Videla
Juan Méndez, ex presidente de la CIDH, compara los casos.
Juan Méndez, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y jurista partícipe durante los juicios a la cúpula de la dictadura militar argentina, de visita en Lima, señala que “Fujimori es un ex presidente y no se le puede poner en una cárcel común. Pero los privilegios de los que goza son una ofensa para todos los presos del Perú. En Argentina hay 115 personas que cumplen condena por crímenes de lesa humanidad y han habido escándalos sobre algunas facilidades que han tenido. Sin embargo nunca se ha visto que alguno de ellos tenga el poder de salir más allá de la zona establecida en la cual se puede mover. Además se presenta un problema de seguridad muy grande hacia su persona, ya que podría ser blanco fácil de algún atentado”.
Videla se encuentra en el penal 34 de Campo de Mayo de Buenos Aires. La unidad fue acondicionada en conjunto por el Ministerio de Defensa y de Justicia. Está alojado en un pabellón de tres habitaciones con dos camas cada una, una cocina común y una sala con televisor. En el cuarto que Videla comparte con otros cinco militares condenados por violación a los DDHH, solo hay una mesa de noche y un escritorio. El único ropero es compartido. El reclusorio posee un patio por el cual se puede pasear solo dos veces al día. Las visitas al ex dictador son limitadas a familiares y amigos cercanos.
Lunes 10 de Mayo.- Alberto Fujimori no solo recibe ingentes cantidades de visitantes, sino que también reina y manda a su gusto en la Diroes. En estas imágenes exclusivas se le observa discutiendo con el maestro que supervisa las obras de pavimentación del espacio que el ex Presidente planea destinar como parqueadero de su centro de reclusión, donde sus visitantes podrán estacionar sus vehículos.
La revelación que CARETAS hizo la semana pasada trajo una cola tan larga como la de los simpatizantes que esperaban visitar al ex presidente. La evidencia de la cantidad de éstos llegó al punto que el propio jefe del INPE, Rubén Rodríguez Rabanal, reconoció en RPP el viernes 14 que el ex presidente ha llegado a recibir 180 personas en un solo día. Añadió además que su institución no tenía derecho a supervisar lo tratado durante las visitas, lo que facilitaría el “adoctrinamiento” político de dirigentes populares denunciado por esta revista.
Luego de una serie de declaraciones contradictorias por parte de miembros del gobierno, el presidente Alan García marcó la pauta a seguir esa misma mañana de viernes:
“Está bien que las personas visiten a una persona detenida, uno puede recibir a sus amigos, familiares, sus parlamentarios”, reflexionó. “Pero que eso se convierta en una manifestación o adoctrinamiento, es un exceso, demasiado. No hay que abusar de ello”.
Rodríguez Rabanal y el ministro de Justicia, Víctor García Toma, responsabilizaron en un principio de los hechos al director de la Diroes, Coronel PNP Edinson Salas Zúñiga. Éste devolvió la pelota y retrucó que el control está a cargo del INPE, que incluso cuenta con un acceso independiente hacia la calle por la puerta Nº 2. El ministro del Interior, Octavio Salazar, añadió que “lo que hace la Policía es el resguardo exterior. La administración interna no está a cargo del Ministerio del Interior ni de la Policía Nacional”.
Al final, el ministro García Toma anunció que el flujo de visitantes será más controlado y que no excederán de 15 al día. Como tratando de calmar las aguas, la congresista fujimorista Luisa María Cuculiza declaró que el líder condenado a 25 años “no va a tener ningún problema en recibir menos gente, pero eso es una demostración más de que la gente lo quiere, porque pese a estar lejos de ellos tratan de saludarlo”. Cuculiza negó que Fujimori viva en una cárcel dorada.
“Hasta el reo más común tiene teléfono público y por qué el presidente no lo va a tener”, preguntó. “En la Diroes no hay teléfono público. Son comentarios que están fuera de sitio. Como ven que Keiko sube, sube y sube en las encuestas, tratan de tumbarla políticamente”.
Pero las muestras fotográficas y de video presentadas en la presente edición demuestran que Fujimori no solo recibe ingentes cantidades de visitantes, sino que también reina y manda a su gusto en la Diroes. En las imágenes captadas el lunes 10 de mayo, se le observa discutiendo con el maestro de obras que supervisa las obras de pavimentación del espacio que el ex presidente planea destinar como parqueadero de su centro de reclusión, donde sus visitantes podrán estacionar sus vehículos.
El primer cuestionamiento es obvio: ¿Por qué Fujimori, que es al fin y al cabo un sentenciado, puede proponer y supervisar modificaciones en su centro de reclusión?
La segunda observación refuerza la idea de la Fuji-Farsa. El régimen penitenciario otorgado a Fujimori hace casi dos años es mucho menos severo que el primero que le impusieron (CARETAS 2129). Pero aún así establece que, entre las seis de la mañana y las seis de la tarde, el interno solo puede moverse entre la celda, los pasadizos y el patio. A partir de entonces, y hasta las nueve de la noche, se le permite caminar por su celda y los pasadizos. El cierre de la celda es a las nueve de la noche.
Aquí Fujimori aparece a unos 33 metros de su celda, coordinando obras a aproximadamente 20 metros de la puerta trasera del fundo Barbadillo. Aquella por la cual CARETAS capturó las fotografías publicadas la semana pasada, por la que ingresan los muchos visitantes del ex presidente.
Para el fiscal Avelino Guillén, que participó activamente durante el juicio contra Fujimori, “la Diroes funciona como un local partidario y eso no es permitido en ningún país del mundo. Depende del ministro de Justicia cesar con esta burla al país”.
Esta situación es suficiente para plantear otras preguntas sobre materias investigadas periodísticamente en los últimos días:
¿Se cierra la celda a las nueve de la noche?
¿Fujimori recibe visitas por fuera del horario, bien entrada la noche, que son registradas en un segundo cuaderno de ocurrencias?
¿El INPE tiene el control de lo que ocurre dentro de las instalaciones policiales, incluidas las modificaciones practicadas?
Habla Carrión
El ex director de la Policía, Gustavo Carrión, era presidente del INPE cuando Fujimori fue capturado. Carrión fue un innovador en políticas carcelarias. Fue el primero quien, al frente del penal Castro Castro, introdujo en los establecimientos penitenciarios peruanos presentaciones de orquestas de música clásica y otras actividades culturales antes impensables. Durante ese período también trabó una sólida amistad con el ex primer ministro Yehude Simon, recluido entonces por vinculaciones con el MRTA.
Carrión tuvo varios encontronazos con la ministra de Justicia Rosario Fernández. Ahora considera que la presión política para cambiar el régimen de Fujimori “fue una de las razones de mi salida del INPE. Los fujimoristas ya habían solicitado el cambio y respondí que no procedía”.
Carrión consideró que a Fujimori le correspondía el régimen de máxima seguridad en nivel B (Abimael Guzmán, por ejemplo, tiene el A, que es el más severo) por las características de los hechos delictivos por los que se le juzgaba, que en este caso era la pertenencia a una organización criminal. “La norma no se refiere a delitos específicos sino a características”, explica.
También discrepa abiertamente con la lógica del premier Javier Velásquez Quesquén, quien el jueves 13 declaró desde Ambo, Huánuco, que “vivimos en democracia y no hay que tenerles miedo a las ideas. A veces los excesos pueden llevarnos a que pueda haber la percepción de que no vivimos en una democracia sino en una dictadura… yo prefiero que en el Perú se expresen las ideas. Soy un demócrata a carta cabal y nosotros no podemos aplicar la dictadura de pensamiento”.
De similar razonamiento fue el abogado de Fujimori, César Nakazaki, quien considera que “el tema de fondo es que no quieren que Fujimori sea el motor de un movimiento político, porque si Keiko no estuviera en las encuestas a nadie le interesaría. Lamentablemente para el enemigo su única limitación es a ser elegido, pero expresar sus ideologías no está prohibido porque es parte de libertad de expresión… ha perdido dos únicos derechos: libertad ambulatoria y poder ejercer funciones públicas”.
Al Año de la Sentencia
Carrión tiene otros argumentos. “Sale Velásquez y dice que los presos tienen derecho a exponer sus ideas”, critica. “El procesado sí. Pero el sentenciado no puede votar. Tiene suspendidos sus derechos civiles. Si fuera así, en el penal Castro Castro, que ha sido convertido a un régimen cerrado ordinario (como el de Fujimori, y donde está recluida buena parte de la dirigencia senderista), los presos podrían expresar sus ideas sin ningún problema. O si fuera en Lurigancho habría que multiplicar 180 visitas diarias por nueve mil presos”.
Para Carrión, “las preferencias están desde un principio. Cuando lo iban a traer, Luis Alva Castro (entonces ministro del Interior) sacó al jefe de la Diroes. Le habían puesto alfombra, le enchaparon las paredes. Quiso tener cable y me opuse. Le pidieron permiso al juez César San Martín, que me preguntó y yo sencillamente le respondí con el reglamento de visitas. No les dio el permiso”.
Este policía retirado concluye que “la sentencia confirma que no debieron cambiarle de régimen. Fue condenado a 25 años de prisión por homicidio calificado. Hablamos de múltiples muertes, de haber dirigido mediáticamente al Grupo Colina”.
Se trata, ciertamente, de una situación muy particular. Esta semana se celebra en Lima el seminario internacional La Trascendencia del Juicio a Fujimori, organizado por el IDL y la universidad estadounidense George Washington. El miércoles 19 y jueves 20 disertarán, a un año de la histórica sentencia, personajes como Ricardo Gil (diputado argentino y ex magistrado que condenó a la Junta Militar) y Juan Méndez (ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos).
Al mismo tiempo, la opción fujimorista mantiene un expectante segundo puesto en las encuestas con miras al 2011 y es un sector que tiene la atención no solo de los electores, sino de los demás partidos políticos, incluido el APRA a juzgar por las declaraciones del primer ministro. El “líder natural” del movimiento ha sido encarcelado por graves acusaciones pero sigue moviendo con toda libertad sus fichas políticas desde la reclusión.
El Régimen de Videla
Juan Méndez, ex presidente de la CIDH, compara los casos.
Juan Méndez, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y jurista partícipe durante los juicios a la cúpula de la dictadura militar argentina, de visita en Lima, señala que “Fujimori es un ex presidente y no se le puede poner en una cárcel común. Pero los privilegios de los que goza son una ofensa para todos los presos del Perú. En Argentina hay 115 personas que cumplen condena por crímenes de lesa humanidad y han habido escándalos sobre algunas facilidades que han tenido. Sin embargo nunca se ha visto que alguno de ellos tenga el poder de salir más allá de la zona establecida en la cual se puede mover. Además se presenta un problema de seguridad muy grande hacia su persona, ya que podría ser blanco fácil de algún atentado”.
Videla se encuentra en el penal 34 de Campo de Mayo de Buenos Aires. La unidad fue acondicionada en conjunto por el Ministerio de Defensa y de Justicia. Está alojado en un pabellón de tres habitaciones con dos camas cada una, una cocina común y una sala con televisor. En el cuarto que Videla comparte con otros cinco militares condenados por violación a los DDHH, solo hay una mesa de noche y un escritorio. El único ropero es compartido. El reclusorio posee un patio por el cual se puede pasear solo dos veces al día. Las visitas al ex dictador son limitadas a familiares y amigos cercanos.
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