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Representantes de comunidades campesinas y municipios de Piura y Cajamarca, reaccionan ante declaraciones del premier Velásquez Quesquén
Negativa al diálogo e imposición de base militar en el norte demuestran actitud dictatorial del Gobierno
Indignación y rechazo muestran las comunidades campesinas de Piura y Cajamarca afectadas por el proyecto minero Río Blanco expresaron su disconformidad con las recientes declaraciones emitidas por el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén quien informó de la decisión del Ejecutivo de no reiniciar el proceso de diálogo y confirmó la instalación de una base militar en la zona.
Para Carlos Martínez, alcalde provincial de San Ignacio y presidente del Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, las palabras del premier confirman que es el gobierno central quien finalmente nunca estuvo de acuerdo en solucionar el problema que aqueja a las zonas afectadas por el proyecto minero.
"Este anuncio es preocupante, pues consideramos que sólo a través del diálogo se dará una salida inteligente y pacífica al problema generado por el Estado. A ello se suma el acoso permanente por parte del gobierno central para desacreditar nuestro justo reclamo", manifestó.
Por su parte, Benito Guarnizo, presidente de la comunidad campesina de Segunda y Cajas – Huancabamba, sostuvo que el anuncio evidencia una actitud nefasta del gobierno central, "pues se quiere imponer a la fuerza un proyecto minero que no se quiere en la zona".
"Con este tipo de anuncios el gobierno demuestra que tiene una actitud dictatorial. Nosotros siempre hemos buscado el camino de diálogo", enfatizó.
El dirigente recordó que la presencia de la empresa minera Río Blanco Copper en la zona es ilegal, pues no cuenta con los permisos necesarios de parte de las comunidades campesinas. "Esto es algo que lo vienen advirtiendo no solo las rondas campesinas y los comuneros, sino la propia Defensoría del Pueblo y el Congreso".
Sobre la inminente instalación de una base militar, Martínez y Guarnizo coincidieron en que lejos de solucionar el problema, se alimentará más el conflicto abierto que existe en la zona.
"la instalación de una base militar traería más enfrentamientos y más muertos. En vez de traer paz y tranquilidad, desatará la división entre peruanos. El gobierno debería pensar mejor. No debe primar la soberbia y la arrogancia para favorecer a una empresa ilegal", advirtió Guarnizo.
Por su parte, Martínez aseguró que continuarán insistiendo con la solicitud de un diálogo pacífico, en el que no se busque imponer un modelo económico de desarrollo, sino en el que se tome en cuenta el deseo de la población.
DATO:
las comunidades de Segunda y Cajas de Huancambamba y Yanta en Ayabaca, así como las poblaciones de Jaén y San Ignacio resultarían directamente afectadas por la realización del proyecto minero Río Blanco y el distrito minero que planea ejecutar el consorcio chino Zijin.
Roberto Saavedra - Chulucanas.