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SE ADVIERTE PERSISTENCIA DE CONDICIONES QUE FAVORECEN ACTOS
DE CORRUPCIÓN EN EL SECTOR EDUCACIÓN
• Las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) son objeto de la mayoría de las quejas recibidas.
El Jefe de la Oficina Defensorial de Piura dio a conocer el Informe Defensorial Nº147, titulado “Aportes de la Defensoría del Pueblo para una Educación sin Corrupción”, en el cual se advierte la persistencia de tres condiciones transversales que favorecen actos de corrupción, como la ineficiencia de los mecanismos de sanción y control, la debilidad de los mecanismos de transparencia y límites de acceso a la información, y la precariedad de la vigilancia ciudadana.
El referido informe recoge los resultados, a nivel nacional, de la Campaña “Educación sin Corrupción”, realizada por la Defensoría del Pueblo desde el año 2007. En el curso de la investigación los casos más recurrentes de riesgos de corrupción fueron: Incumplimiento de obligaciones para garantizar una infraestructura adecuada (durante el 2011 se registraron 38 casos), irregularidades en los procedimientos administrativos (en el 2011, 8 casos), irregularidades en el desplazamiento de personal (el 2011 se registraron 7 casos), incumplimiento en el dictado de clases (15 casos referidos a irregularidades vinculadas a la asistencia de personal), entre otros.
Por otra parte, las quejas por casos de corrupción, a nivel nacional, se ubican en segundo lugar, siendo las más frecuentes las relacionadas con cobros indebidos (32 casos referentes a la afectación del derecho a la gratuidad de la educación y 9 casos sobre la obstaculización de la continuidad en el sistema educativo), uso indebido del cargo, impunidad y venta de notas (2 casos concluidos entre los año 2008 al 2011). Finalmente, el Informe señala los casos vinculados a otros hechos vulneratorios, entre los que se registran quejas por atentados contra la integridad, acoso sexual y violación sexual, según señaló el Dr. César Orrego.
Como elemento preventivo y actuación eficiente en las investigaciones disciplinarias, la Defensoría del Pueblo recomienda al Ministerio de Educación, a las Direcciones Regionales de Educación y a las Unidades de Gestión Educativa Local que refuercen a los Órganos de Control Institucional, así como a las Comisiones de Atención de Denuncias y Reclamos, mediante la dotación de mayores recursos humanos, logísticos, presupuestales y tecnológicos que les permitan realizar una adecuada labor de investigación y control. Asimismo, a fin de optimizar los mecanismos de transparencia y reforzar la vigilancia ciudadana, se recomienda a dichas instancias que capaciten y sensibilicen a sus servidores y funcionarios, así como a los profesores y directores de las instituciones educativas.
Adicionalmente, recomienda realizar una evaluación de los trámites referidos a los procedimientos administrativos de mayor ocurrencia que llevan a cabo, a fin de identificar los problemas de dilación que pueden generar y posibilitar actos de corrupción, y recomendar a las unidades orgánicas la adopción de acciones concretas para combatirlos y erradicarlos.
Finalmente, se deberá capacitar a los padres de familia, independientemente de que pertenezcan o no al CONEI o a una APAFA, sobre las normas, procesos y herramientas de vigilancia y participación ciudadana, así como sobre los alcances del derecho a la educación y conceptos básicos sobre presupuesto público.
DE CORRUPCIÓN EN EL SECTOR EDUCACIÓN
• Las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) son objeto de la mayoría de las quejas recibidas.
El Jefe de la Oficina Defensorial de Piura dio a conocer el Informe Defensorial Nº147, titulado “Aportes de la Defensoría del Pueblo para una Educación sin Corrupción”, en el cual se advierte la persistencia de tres condiciones transversales que favorecen actos de corrupción, como la ineficiencia de los mecanismos de sanción y control, la debilidad de los mecanismos de transparencia y límites de acceso a la información, y la precariedad de la vigilancia ciudadana.
El referido informe recoge los resultados, a nivel nacional, de la Campaña “Educación sin Corrupción”, realizada por la Defensoría del Pueblo desde el año 2007. En el curso de la investigación los casos más recurrentes de riesgos de corrupción fueron: Incumplimiento de obligaciones para garantizar una infraestructura adecuada (durante el 2011 se registraron 38 casos), irregularidades en los procedimientos administrativos (en el 2011, 8 casos), irregularidades en el desplazamiento de personal (el 2011 se registraron 7 casos), incumplimiento en el dictado de clases (15 casos referidos a irregularidades vinculadas a la asistencia de personal), entre otros.
Por otra parte, las quejas por casos de corrupción, a nivel nacional, se ubican en segundo lugar, siendo las más frecuentes las relacionadas con cobros indebidos (32 casos referentes a la afectación del derecho a la gratuidad de la educación y 9 casos sobre la obstaculización de la continuidad en el sistema educativo), uso indebido del cargo, impunidad y venta de notas (2 casos concluidos entre los año 2008 al 2011). Finalmente, el Informe señala los casos vinculados a otros hechos vulneratorios, entre los que se registran quejas por atentados contra la integridad, acoso sexual y violación sexual, según señaló el Dr. César Orrego.
Como elemento preventivo y actuación eficiente en las investigaciones disciplinarias, la Defensoría del Pueblo recomienda al Ministerio de Educación, a las Direcciones Regionales de Educación y a las Unidades de Gestión Educativa Local que refuercen a los Órganos de Control Institucional, así como a las Comisiones de Atención de Denuncias y Reclamos, mediante la dotación de mayores recursos humanos, logísticos, presupuestales y tecnológicos que les permitan realizar una adecuada labor de investigación y control. Asimismo, a fin de optimizar los mecanismos de transparencia y reforzar la vigilancia ciudadana, se recomienda a dichas instancias que capaciten y sensibilicen a sus servidores y funcionarios, así como a los profesores y directores de las instituciones educativas.
Adicionalmente, recomienda realizar una evaluación de los trámites referidos a los procedimientos administrativos de mayor ocurrencia que llevan a cabo, a fin de identificar los problemas de dilación que pueden generar y posibilitar actos de corrupción, y recomendar a las unidades orgánicas la adopción de acciones concretas para combatirlos y erradicarlos.
Finalmente, se deberá capacitar a los padres de familia, independientemente de que pertenezcan o no al CONEI o a una APAFA, sobre las normas, procesos y herramientas de vigilancia y participación ciudadana, así como sobre los alcances del derecho a la educación y conceptos básicos sobre presupuesto público.
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