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Indígenas en pie de lucha Anuncian marcha contra ley de consulta observada Ante la proximidad del debate del dictamen de la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas -cuyo versión original fue observada por el Ejecutivo- en la sesión plenaria del Congreso, las organizaciones indígenas más importantes del país como la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), la Confederación Campesina del Perú (CCP) y Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), anunciaron la realización de una marcha nacional de rechazo a estas observaciones para el día 12 de octubre de este año.
El representante de Conacami, Mario Palacios, expresó su rechazo al texto de allanamiento de la Ley de Consulta, redactado por la Comisión de Constitución, y pidió que el Congreso rectifique su “error” y retorne el texto nuevamente a esta comisión para que sea sometida a un debate más minucioso. “El Congreso está a punto de cometer un error grave, un error insólito al legislar en contra de los convenios internacionales para aprobar la ley de consulta previa allanada. El Congreso tiene el deber histórico de corregir lo que el Ejecutivo ha planteado. El Ejecutivo quiere arrasar el estado de derecho. El Congreso tiene la misión de proteger el estado de derecho en el Perú”; manifestó.
El dirigente anunció que los pueblos indígenas del país se unirán en una gran marcha el 12 de octubre a nivel nacional para rechazar las observaciones del Ejecutivo a la Ley de Consulta de los Pueblos Indígenas. “Estamos llevando adelante un proceso de consulta para responder al gobierno por esta la ley de consulta. Vamos a reiniciar nuestras acciones de resistencia y de lucha con la marcha nacional de los pueblos que se realizará el 12 octubre. Por la dignidad de las comunidades y los pueblos. Por la soberanía nuestra. Esperamos el apoyo y la solidaridad de todos”; recalcó.
Por su parte, el presidente de Aidesep, Alberto Pizango, acusó al gobierno de pretender dividir a las comunidades indígenas al auspiciar organizaciones paralelas que no tienen representatividad como el caso de la “Coordinadora Awajun”, cuyos representantes marcharon insólitamente en la última parada militar del 29 de julio y “pidieron perdón” a la Policía Nacional por los hechos de Bagua del 5 de junio del 2009. “Es una pena que el gobierno siga al interior de los pueblos indígenas, dividiéndolos para ponerlos en contra y favorecer a las grandes transnacionales. Tenemos entendido que al presidente de la Organización para el Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), Zebelio Kayap, está siendo amenazado por este grupo de la Coordinadora supuestamente awajun”; manifestó.
“Ley de Consulta se ha convertido en un formalismo”
Asimismo, algunos congresistas de la bancada nacionalista y del Bloque Popular se pronunciaron en contra del texto de allanamiento de la Comisión de Constitución. El congresista Daniel Abugattás ratificó la decisión de su bancada de pedir que el dictamen de allanamiento de la ley vuelva a la Comisión de Constitución, pues este texto también transgrede el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Pedimos el retorno a la comisión de Constitución del proyecto porque no ha sido consultado con los pueblos afectados. El texto siguiente al allanamiento es abiertamente atentatorio al Convenio 169. Por lo tanto, requiere de la opinión de la OIT y de los pueblos originarios. Estamos haciendo un documento que no va a servir absolutamente para nada; más que para cumplir con un formalismo que viola los derechos fundamentales de los pueblos originarios”; explicó.
El vocero nacionalista reveló que la Comisión de Constitución ha redactado más modificaciones al texto original de la ley. “Se requiere del derecho a la consulta cuando se pretende, a través de unas modificaciones al texto original, introducir modificaciones para alterar el contenido del Convenio 169, haciendo una serie de modificaciones a los artículos 2, 3, 6 y 7 de la ley”; dijo.
Finalmente, el parlamentario Oswaldo Luízar hizo un llamado al Congreso para evitar un descontento social que pueda provocar hechos de violencia como los del 5 de junio del año pasado. “Hay que recordar que todo esto costó la vida a pobladores, nativos y policías. No esperemos que esto vuelva a ocurrir en el país. Las observaciones del Ejecutivo están eliminando con descaro lo acordado para transformarlo en una mera formalidad”; advirtió.
“Dictamen de comisión es inconstitucional”
Para el especialista de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), Javier Jahncke, el texto del dictamen de la Ley de Consulta, aprobado por mayoría en la Comisión de Constitución, ha incluido de manera inconsulta un tercer párrafo en el artículo 2, que no fue parte de las observaciones del Ejecutivo. “El artículo 2 establece que ‘la consulta en materia de territorio sólo procede sobre las áreas asignadas en propiedad a los pueblos indígenas mas no sobre los territorios de propiedad pública en la Amazonía’, el cual no estuvo incluido en las observaciones del Ejecutivo, y por tanto nunca fue puesto en consideración en la Comisión de Constitución para su aprobación”, explicó.
Jahncke refirió que esta modificación convierte al dictamen en un nuevo documento, por lo que debe ser analizado y aprobado previamente en la Comisión de Constitución antes de ser debatido en el pleno como lo pretenden actualmente. “Además, esta inclusión se trata de una medida inconstitucional, ya que el Convenio 169 de la OIT, reconoce el derecho de posesión y propiedad de sus tierras a los pueblos indígenas, y la consulta por ello no sólo puede restringirse a los que son propietarios”; acotó.
El dirigente anunció que los pueblos indígenas del país se unirán en una gran marcha el 12 de octubre a nivel nacional para rechazar las observaciones del Ejecutivo a la Ley de Consulta de los Pueblos Indígenas. “Estamos llevando adelante un proceso de consulta para responder al gobierno por esta la ley de consulta. Vamos a reiniciar nuestras acciones de resistencia y de lucha con la marcha nacional de los pueblos que se realizará el 12 octubre. Por la dignidad de las comunidades y los pueblos. Por la soberanía nuestra. Esperamos el apoyo y la solidaridad de todos”; recalcó.
Por su parte, el presidente de Aidesep, Alberto Pizango, acusó al gobierno de pretender dividir a las comunidades indígenas al auspiciar organizaciones paralelas que no tienen representatividad como el caso de la “Coordinadora Awajun”, cuyos representantes marcharon insólitamente en la última parada militar del 29 de julio y “pidieron perdón” a la Policía Nacional por los hechos de Bagua del 5 de junio del 2009. “Es una pena que el gobierno siga al interior de los pueblos indígenas, dividiéndolos para ponerlos en contra y favorecer a las grandes transnacionales. Tenemos entendido que al presidente de la Organización para el Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), Zebelio Kayap, está siendo amenazado por este grupo de la Coordinadora supuestamente awajun”; manifestó.
“Ley de Consulta se ha convertido en un formalismo”
Asimismo, algunos congresistas de la bancada nacionalista y del Bloque Popular se pronunciaron en contra del texto de allanamiento de la Comisión de Constitución. El congresista Daniel Abugattás ratificó la decisión de su bancada de pedir que el dictamen de allanamiento de la ley vuelva a la Comisión de Constitución, pues este texto también transgrede el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Pedimos el retorno a la comisión de Constitución del proyecto porque no ha sido consultado con los pueblos afectados. El texto siguiente al allanamiento es abiertamente atentatorio al Convenio 169. Por lo tanto, requiere de la opinión de la OIT y de los pueblos originarios. Estamos haciendo un documento que no va a servir absolutamente para nada; más que para cumplir con un formalismo que viola los derechos fundamentales de los pueblos originarios”; explicó.
El vocero nacionalista reveló que la Comisión de Constitución ha redactado más modificaciones al texto original de la ley. “Se requiere del derecho a la consulta cuando se pretende, a través de unas modificaciones al texto original, introducir modificaciones para alterar el contenido del Convenio 169, haciendo una serie de modificaciones a los artículos 2, 3, 6 y 7 de la ley”; dijo.
Finalmente, el parlamentario Oswaldo Luízar hizo un llamado al Congreso para evitar un descontento social que pueda provocar hechos de violencia como los del 5 de junio del año pasado. “Hay que recordar que todo esto costó la vida a pobladores, nativos y policías. No esperemos que esto vuelva a ocurrir en el país. Las observaciones del Ejecutivo están eliminando con descaro lo acordado para transformarlo en una mera formalidad”; advirtió.
“Dictamen de comisión es inconstitucional”
Para el especialista de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), Javier Jahncke, el texto del dictamen de la Ley de Consulta, aprobado por mayoría en la Comisión de Constitución, ha incluido de manera inconsulta un tercer párrafo en el artículo 2, que no fue parte de las observaciones del Ejecutivo. “El artículo 2 establece que ‘la consulta en materia de territorio sólo procede sobre las áreas asignadas en propiedad a los pueblos indígenas mas no sobre los territorios de propiedad pública en la Amazonía’, el cual no estuvo incluido en las observaciones del Ejecutivo, y por tanto nunca fue puesto en consideración en la Comisión de Constitución para su aprobación”, explicó.
Jahncke refirió que esta modificación convierte al dictamen en un nuevo documento, por lo que debe ser analizado y aprobado previamente en la Comisión de Constitución antes de ser debatido en el pleno como lo pretenden actualmente. “Además, esta inclusión se trata de una medida inconstitucional, ya que el Convenio 169 de la OIT, reconoce el derecho de posesión y propiedad de sus tierras a los pueblos indígenas, y la consulta por ello no sólo puede restringirse a los que son propietarios”; acotó.
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