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DEFENSORIA DEL PUEBLO SE REUNE CON AUTORIDADES PARA ABORDAR EL PROBLEMA DE LA DEFORESTACION DE BOSQUES SECOS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA
El 10 de mayo de 2010 el Jefe de la Oficina Defensorial de Piura, Dr. César Orrego Azula convocó a una reunión con el objetivo de tratar el problema del incremento de la tala ilegal de árboles y extracción de otras especies naturales por parte de pobladores de zonas rurales en el Departamento de Piura, quienes se dedican a la comercialización ilegal de estos recursos.
Dicha reunión se llevó a cabo Sede Defensorial con la presencia de la Fiscal Especializada en Medio Ambiente, Dra. Silvia Rumiche Rochabrún; Policía de Turismo y Protección del Medio Ambiente, mayor PNP Luis Soto Zuloaga; Director de Administración Técnica de Forestal y Fauna Silvestre (Ex INRENA), Ing. Elio Chiroque La Rosa; representantes de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional de Piura.
Al exponer cada institución el tratamiento de la problemática, se ha podido advertir que no se cuenta con información real del área total en la que se produce esta ilícita actividad, así como, su impacto en el medio ambiente y las pérdidas económicas que produce a la Región. Asimismo, es un problema que se viene afectando a tres departamentos: Piura, Tumbes y Lambayeque, cuyo producto (leña y carbón) vendría siendo ilícitamente comercializado en el sur de nuestro país.
Vinculado a esta situación se encuentra la carencia de una verdadera voluntad estatal para revertir estos impactos negativos en el norte del país, lo que se traduce en una falta de apoyo en las instituciones que tienen por competencia la lucha contra la tala ilegal. Es así que, el Área de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional, sólo cuenta en Piura con 8 efectivos policiales, sin embargo, la Administración Técnica Forestal y Fauna Silvestre exige una mayor presencia de la Policía Nacional sobre todo en los caminos y carreteras, cuya función debe ser asumida decididamente por la Policía de Carreteras.
Asimismo, en el ámbito legislativo, la representante del Ministerio Público expresó una serie de vacíos legales que generan imprecisiones y comprometen una adecuada persecución del delito de tala ilegal.
La Administración Técnica Forestal y Fauna Silvestre se encuentra, también, afectada para hacer frente a este grave problema de deforestación regional debido a la falta de recursos humanos y logísticos aunque se encuentra a la espera de un apoyo de la sede central de su institución, así como, la transferencia de esta competencia al Gobierno Regional de Piura.
Informó la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional de Piura se viene realizando, desde hace algunos años, diferentes actividades a favor de la conservación de los bosques secos, especialmente a través del Programa "Nor Bosque" donde se estudia y analiza el uso correcto de los recursos naturales. También, existe un Comité de Lucha contra la tala, comercialización y deforestación de especies de fauna y flora silvestre, constituido por diferentes autoridades regionales, en cuyo seno se informa con cierta periodicidad sobre los niveles de deforestación de los bosques secos, sin embargo, éste se encuentra en la actualidad inactivo.
Igualmente, existe un Programa Regional de Educación Ambiental, cuyo objetivo es sensibilizar a la población sobre las consecuencias que se puedan generar por la extracción indiscriminada de los recursos en mención. En esta misma gerencia se viene trabajando un proyecto de conservación de recursos naturales, que será materializado en un documento normativo para su aprobación mediante Decreto Supremo por el Gobierno Central.
Sobre esta base, la Defensoría del Pueblo ha propuesto que esta valiosa información, con que cuenta la autoridad regional y demás entidades vinculadas al tema, sea "compartida" y utilizada para definir políticas públicas, operativas y eficientes, que permitan la pronta solución de la problemática descrita.
En ese sentido se ha acordado la realización de una próxima reunión, cuya convocatoria estará a cargo del Gobierno Regional, a fin de contar con el consolidado de la información descrita, además de información sobre la identificación de los puntos críticos de extracción de recursos naturales, y la ubicación de los depósitos clandestinos en que se guarda el recurso para su ulterior comercialización. Dicha actividad, sumada al planteamiento de la Fiscal de Medio Ambiente en el sentido de continuar los operativos conjuntos con la debida logística, permitirá una mejor planificación de las actividades conducentes al control efectivo de la tala ilegal de arboles y otros usos indebidos de los recursos naturales en la región.
La Defensoría del Pueblo busca reactivar un espacio de coordinación entre instituciones públicas con competencias para revertir esta grave problemática ambiental cuya to
ma de decisiones debe basarse en información cierta, actual y confiable de los órganos involucrados con el objetivo de promover y proteger el derecho al medio ambiente reconocido en los Artículos Nº 2 inciso 22, 68 y siguientes de la Constitución Política del Perú.
DEFENSORIA DEL PUEBLO SE REUNE CON AUTORIDADES PARA ABORDAR EL PROBLEMA DE LA DEFORESTACION DE BOSQUES SECOS EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA
El 10 de mayo de 2010 el Jefe de la Oficina Defensorial de Piura, Dr. César Orrego Azula convocó a una reunión con el objetivo de tratar el problema del incremento de la tala ilegal de árboles y extracción de otras especies naturales por parte de pobladores de zonas rurales en el Departamento de Piura, quienes se dedican a la comercialización ilegal de estos recursos.
Dicha reunión se llevó a cabo Sede Defensorial con la presencia de la Fiscal Especializada en Medio Ambiente, Dra. Silvia Rumiche Rochabrún; Policía de Turismo y Protección del Medio Ambiente, mayor PNP Luis Soto Zuloaga; Director de Administración Técnica de Forestal y Fauna Silvestre (Ex INRENA), Ing. Elio Chiroque La Rosa; representantes de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional de Piura.
Al exponer cada institución el tratamiento de la problemática, se ha podido advertir que no se cuenta con información real del área total en la que se produce esta ilícita actividad, así como, su impacto en el medio ambiente y las pérdidas económicas que produce a la Región. Asimismo, es un problema que se viene afectando a tres departamentos: Piura, Tumbes y Lambayeque, cuyo producto (leña y carbón) vendría siendo ilícitamente comercializado en el sur de nuestro país.
Vinculado a esta situación se encuentra la carencia de una verdadera voluntad estatal para revertir estos impactos negativos en el norte del país, lo que se traduce en una falta de apoyo en las instituciones que tienen por competencia la lucha contra la tala ilegal. Es así que, el Área de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional, sólo cuenta en Piura con 8 efectivos policiales, sin embargo, la Administración Técnica Forestal y Fauna Silvestre exige una mayor presencia de la Policía Nacional sobre todo en los caminos y carreteras, cuya función debe ser asumida decididamente por la Policía de Carreteras.
Asimismo, en el ámbito legislativo, la representante del Ministerio Público expresó una serie de vacíos legales que generan imprecisiones y comprometen una adecuada persecución del delito de tala ilegal.
La Administración Técnica Forestal y Fauna Silvestre se encuentra, también, afectada para hacer frente a este grave problema de deforestación regional debido a la falta de recursos humanos y logísticos aunque se encuentra a la espera de un apoyo de la sede central de su institución, así como, la transferencia de esta competencia al Gobierno Regional de Piura.
Informó la Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno Regional de Piura se viene realizando, desde hace algunos años, diferentes actividades a favor de la conservación de los bosques secos, especialmente a través del Programa "Nor Bosque" donde se estudia y analiza el uso correcto de los recursos naturales. También, existe un Comité de Lucha contra la tala, comercialización y deforestación de especies de fauna y flora silvestre, constituido por diferentes autoridades regionales, en cuyo seno se informa con cierta periodicidad sobre los niveles de deforestación de los bosques secos, sin embargo, éste se encuentra en la actualidad inactivo.
Igualmente, existe un Programa Regional de Educación Ambiental, cuyo objetivo es sensibilizar a la población sobre las consecuencias que se puedan generar por la extracción indiscriminada de los recursos en mención. En esta misma gerencia se viene trabajando un proyecto de conservación de recursos naturales, que será materializado en un documento normativo para su aprobación mediante Decreto Supremo por el Gobierno Central.
Sobre esta base, la Defensoría del Pueblo ha propuesto que esta valiosa información, con que cuenta la autoridad regional y demás entidades vinculadas al tema, sea "compartida" y utilizada para definir políticas públicas, operativas y eficientes, que permitan la pronta solución de la problemática descrita.
En ese sentido se ha acordado la realización de una próxima reunión, cuya convocatoria estará a cargo del Gobierno Regional, a fin de contar con el consolidado de la información descrita, además de información sobre la identificación de los puntos críticos de extracción de recursos naturales, y la ubicación de los depósitos clandestinos en que se guarda el recurso para su ulterior comercialización. Dicha actividad, sumada al planteamiento de la Fiscal de Medio Ambiente en el sentido de continuar los operativos conjuntos con la debida logística, permitirá una mejor planificación de las actividades conducentes al control efectivo de la tala ilegal de arboles y otros usos indebidos de los recursos naturales en la región.
La Defensoría del Pueblo busca reactivar un espacio de coordinación entre instituciones públicas con competencias para revertir esta grave problemática ambiental cuya to
ma de decisiones debe basarse en información cierta, actual y confiable de los órganos involucrados con el objetivo de promover y proteger el derecho al medio ambiente reconocido en los Artículos Nº 2 inciso 22, 68 y siguientes de la Constitución Política del Perú.
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