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Denuncian presiones a comuneros piuranos por ataque a Río Blanco
Lima, 17/11/2009 (CNR) -- Al menos cinco comuneros de Huancabamba (Piura) habrían sido detenidos y torturados por la Policía para que se autoincriminen por el ataque al campamento de la minera Río Blanco, ocurrido el 1 de noviembre.
Así lo denunció Marisol Espinoza, vocera de la bancada del Partido Nacionalista, quien ayer recibió el testimonio de los comuneros Abdelí Herrera Neyra, de caserío Rosario Bajo, y de Servando Quinde Alberca, del Sagrado Corazón de Jesús.
Espinoza afirmó que ambos fueron sacados a la fuerza de sus domicilios por agentes policiales, sin autorización de por medio, y trasladados a la comisaría de Huancabamba.
En la estación policial, de acuerdo a la legisladora, los quisieron obligar a confesar que fueron los autores del atentado de inicios de mes en el campamento "Henry´s Hill", donde murieron dos vigilantes y un funcionario de la minera.
Señaló que el caso trae el recuerdo de las torturas sufridas por comuneros piuranos a fines de julio del 2005, y se enmarca dentro de la anunciada instalación de una base militar en la zona.
"La historia se vuelve a repetir (...) nuevamente la justicia se pone al servicio de las empresas privadas para poner una base militar. Primero es la vida de nuestros ciudadanos, de nuestros ronderos", remarcó.
Para la parlamentaria, el ataque resulta sospechoso, tomando en cuenta que la minera cuenta con el servicio de vigilancia a cargo de la empresa Forza. Por ello, sugirió la existencia de un complot para usar el ataque a la minera como pretexto para militarizar la zona.
Agregó que la responsabilidad recae principalmente en el Ejecutivo, que desde la gestión de Jorge Del Castillo como primer ministro ha evadido su responsabilidad de retomar el diálogo con las comunidades de la serranía de Piura.
De igual modo, Espinoza Cruz cuestionó la postura asumida por el actual premier Javier Velásquez Quesquén, de quien dijo ha preferido sentarse a dialogar con las mineras y trasladar el caso al Ministerio de Energía y Minas, cuando se requiere de un enfoque multisectorial.
"Este es un tema de derechos, de respeto a la comunidad; se aumenta el proceso de conflictibilidad en la zona al no respetar la institucionalidad que debe existir", concluyó.