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Brote Terrorista

Henry’s Hill es el nombre del cerro que alberga el codiciado cobre del Proyecto Minero Río Blanco y que será explotado por la minera de capitales chinos del mismo nombre. Henry’s Hill también es la sede del campamento de la empresa en la zona y que se tiñó nuevamente de sangre en la madrugada del 1 de noviembre, mientras que en muchas partes del país, Piura incluido, muchas personas recordaban a sus muertos.
A golpe de 3 de la mañana, entre 15 y 20 personas provistas de armas de fuego, según relataron los sobrevivientes, llegaron al campamento minero de Río Blanco Copper arrojando bombas molotov y disparando, asesinando a tres trabajadores: Eduardo Segundo Ramírez Montero (49), jefe del campamento, Luis Guillermo Gómez Vílchez (35) y Joel Martín Severino Zapata (52), vigilantes. El cadáver de la última víctima fue ubicado por la Policía recién el lunes por la tarde.
El resto de sobrevivientes logró escapar a pie. La Policía de Huancabamba recién se enteró del atentando a mediodía del domingo, cuando llegaron los primeros sobrevivientes, luego de una azarosa marcha por el boscoso monte. El general PNP Walter Rivera, jefe de la I Región Policial Piura, al mando de 50 efectivos, se trasladó a la zona en helicóptero desde Cutervo.
Al momento del ataque había en el campamento 10 trabajadores y 4 vigilantes de la empresa V-Sur, realizando labores exploratorias. El yacimiento está ubicado a 300 metros en línea recta de la frontera con el Ecuador, en la provincia de Huancabamba, Piura, a 3,200 m.s.n.m. Rosarios Bajo es el último lugar hasta donde llega una trocha carrozable. Desde ahí hay que caminar cerca de ocho horas para llegar hasta la mina.
El mineral está alojado en un pronunciado cerro por cuyos pies discurre el río Blanco, rumbo al Atlántico. No es fácil llegar, ni fácil atacarlo. "Se trata de un acto de violencia premeditado, bien organizado", denunció Jian Wu, gerente general de la minera.
Río Blanco contiene 220 millones de toneladas de cobre y molibdeno de reservas probables. En febrero del 2007, los chinos de minera Zeijng pagaron a la británica Monterrico Metals US$ 181 millones por el 90% de las acciones del prospecto, que pasó a llamarse Río Blanco Copper. La minera estatal china ha anunciado que invertirá US$ 1,500 millones en el proyecto. La mina a tajo abierto produciría entre 200,000 y 250,000 toneladas de cobre al año, una cuarta parte de la producción nacional, y entraría en producción el año 2015.
Pero tiene un largo historial de conflictos sociales en el último lustro que lo ha convertido en un caso emblemático del conflicto entre la población y la minería en el país, y con severas ramificaciones internacionales. La Alta Corte del Reino Unido ratificó en septiembre el bloqueo de activos en las cuentas de Monterrico Metals en el sistema financiero de Hong Kong. Ello en el marco del proceso entablado por pobladores y comuneros torturados en agosto del 2005 en el campamento de Majaz, en represión al primer asalto al campamento. El gerente general de Río Blanco Copper, Jian Wu, sostiene que el reemplazo de los británicos por los chinos marcó un punto de inflexión en las relaciones con la población. "La nuestra es una política de buena vecindad, en busca de la paz y el desarrollo social, y no va a cambiar", dijo Wu. Sostuvo que en los dos últimos años, la minera china ha invertido hasta US$ 10 millones en obras de infraestructura social a favor de las comunidades que están en la ruta por donde saldrá el mineral.
"La población tiene conceptos errados sobre la presencia minera en la zona", admitió Wu. "Les preocupa que puedan perder su propiedad o que vean afectado el suministro de agua para sus sembradíos, pero eso no sucederá y para ello estamos trabajando en una fuerte campaña comunicacional en busca del consenso ambiental".
Sostuvo que la minera realiza talleres informativos frecuentes. El último se realizó el miércoles 28 de octubre pasado en el caserío de Rosarios Bajos, al que asistieron el director regional de Energía y Minas de Piura, Miguel Kuzma, y más de un centenar de pobladores. "Existe una gran expectativa por el desarrollo del proyecto. La población está deseosa de más información, más detallada", describió. No hubo nada que hiciera presagiar el mortal ataque de la madrugada del domingo 1.
Sin embargo, el conflicto está latente desde hace tiempo. La Defensoría del Pueblo, en el Reporte de Conflictos No 69 de septiembre, anotó el "rechazo de la población a la actividad minera por la presunta presencia ilegal de la empresa Majaz (ahora Río Blanco Copper) y ante posible contaminación ambiental". Los principales voceros e interlocutores eran "las rondas campesinas de Huancabamba y Jaén, radios locales, la Diócesis de Chulucanas, el Vicariato Apostólico de Jaén", informó DP. En el Norte la Iglesia es adversa a la minería. Hace cinco años, los obispos de Piura, Chulucanas y Jaén pidieron que se suspenda todas las actividades mineras en el área de su vasta diócesis "por los perjuicios ambientales y sociales que genera".
Pero la modalidad del sangriento ataque a las instalaciones mineras es inquietante, puesto que no ha sido resultado de una turbamulta que se tornó violenta, sino una acción premeditada con alevosía y nocturnidad. "No me extrañaría que hubiera otros muchos intereses para crear una imagen de desestabilización del país", aventuró Wu. El lunes en la tarde, el ejecutivo sostuvo una reunión de emergencia con el viceministro de Minas, Fernando Gala, y sus asesores, para evaluar la grave situación.
El conflicto político entre el gobierno central y las regiones sigue latente tras el luctuoso "Baguazo" del 5 de junio pasado. Sin embargo, las aguas lentamente regresaban a su nivel. En septiembre, el Frente de Defensa del Desarrollo Sostenible en la Frontera Norte –presidido por el alcalde de San Ignacio, Carlos Martínez, e integrado por los alcaldes de las provincias de Ayabaca y Huancabamba, en Piura, y Jaén y San Ignacio, en Cajamarca– emitió cartas a la Presidencia del Consejo de Ministros solicitando retornar a la mesa de diálogo. El lunes 2, en cambio, se lavaron las manos, en comunicado público. Se afirmó que el hecho de sangre se pudo deber a un accidente en la manipulación del arma de un efectivo de seguridad de la propia mina. Sin embargo, no explicó el secuestro y muerte de uno de los trabajadores. El ataque a Río Blanco vuelve a tensar la cuerda.