martes, agosto 26, 2008

Gobierno Regional y SAT – Piura firman Convenio de Cooperacion
Piura, Agosto 26.- Un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional firmaron El Gobierno Regional Piura y el Servicio de Administración Tributaria de Piura –SATP- , el cual tiene como objetivo principal es el de comprometer esfuerzos institucionales para la cobranza coactiva de las deudas donde el organismo regional actúe como Acreedor.
El documento principal fue suscrito por el Abogado, Valentín Rodolfo Soto Llerena, en calidad de Gerente General del SAT Piura, y el medico, César Trelles Lara, Presidente del Gobierno Regional Piura.
De este Convenio Marco se desprenderán otros con carácter de específicos cuya responsabilidad de suscripción asume el gerente general del Gobierno Regional.
El contrato tiene una vigencia de dos años, renovables según las partes y las acciones que de este se deriven serán supervisados por las respectivas direcciones regionales según el caso.
La suscripción del Convenio Marco se enmarca en una serie de dispositivos legales y de manera especial en la Ley 28892 que modifica la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva Nº 26969, modificada por la Ley 28165 en cuanto se faculta a la entidades de la administración publica para celebrar convenios de encargos de gestión con el Banco de la Nación, asi como con el órgano administrador de tributos de la municipalidad provincial de la jurisdicción, donde se encuentra la entidad respectiva, a fin de encargada de la tramitación de procedimientos de ejecución coactiva.
En este caso, el SAT Pìura, es un organismo descentralizado de la Municipalidad Provincial de Piura, con personaría jurídica de derecho público interno, con autonomía administrativa, económica, presupuestaria y financiera.
El Gobierno Regional por su parte es una persona de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera, un Pliego presupuestal que tiene como misión organizador y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas compartidas y delegadas, en las políticas nacionales y sectorial para contribuir al desarrollo integral sostenible de su jurisdicción.

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