lunes, junio 16, 2008



Comisión de Pueblos Andinos del Congreso
Sustentarán informe de presencia ilegal de Majaz
PWNLima,Peru.-
La presencia, aparentemente ilegal, de la empresa minera Río Blanco Copper S.A. (ex Majaz) en las provincias de Ayabaca y Huancabamba, será visto mañana (MARTES 17 DE JUNIO), en la sesión extraordinaria Nro 6 de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.
La congresista Marisol Espinoza Cruz, integrante del grupo de trabajo Ambiente y Ecología, sustentará ante la comisión, el informe "Legalidad y problemática de la empresa minera Majaz en territorio de las comunidades campesinas de Segunda y Cajas y Yanta, en las provincias de Ayabaca y Huancabamba".
Será la comisión quien decida aprobar o no, las conclusiones y recomendaciones del grupo de trabajo, a quien se le encargó investigar el problema suscitado por la presencia minera en la sierra de Piura.
El grupo de trabajo Ambiente y Ecología, quedó conformado el 11 de setiembre del año pasado, luego de que un día antes, la parlamentaria piurana Marisol Espinoza solicitara ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, la conformación de un grupo investigador para el caso Majaz.
Irregularidades
La congresista Marisol Espinoza Cruz, indicó que la empresa minera habría cometido irregularidades en lo que respecta al medio ambiente y a los derechos de propiedad.
Por ejemplo, en el aviso con el que se puso a disposición del público el Estudio Ambiental con el que se dio luz verde a las exploraciones de la empresa se consignaba el nombre Huarmaca, un lugar que no existe para ubicar los campamentos de la minera.
Este fue uno de los motivos por lo que Defensoría del Pueblo, en agosto del 2006, señalara que la entonces Minera Majaz había "afectado el proceso de transparencia al ocultar información y limitar la participación ciudadana".
La parlamentaria nacionalista, indicó que ninguno de los documentos presentados por la empresa le daba derecho para empezar a trabajar en las tierras de las comunidades de Yanta y Segunda y Cajas, porque no cumplían con los requerimientos de la Ley de Promoción de la Inversión Privada y la Ley de Comunidades Campesinas.

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