Presentan VIII Informe del Observatorio de Conflictos Mineros
Señala el informe que los conflictos han pasado de 82 (julio 2006) a 217 (junio de 2011), siendo los conflictos socioambientales los que representan más del 50%, debido al incremento de las concesiones, las que se han duplica en el actual gobierno, pasó de 11 millones 572 hectáreas (2011), a 24 millones de hectáreas, a junio de 2011.
El VIII Informe del Observatorio de Conflictos Mineros 2011, recoge cifras del crecimiento de conflictos mineros en torno a la actividad minera, el porcentaje de concesiones mineras en todo el país. Así el gobierno aprista deja una herencia sumamente pesada al presidente entrante; no sólo en el tema de conflictos sino también en el tema económico, en los cinco años de gestión aprista: la producción de los principales metales ha caído o se ha estancado. El oro ha retrocedido un 10%, el cobre 1,77%, el zinc 10,82%, la plata 7,8%, el plomo 23,89%, el estaño 26,16%. Finalmente, el PBI de la minería metálica ha sido negativo en el período.
Las concesiones mineras han alcanzado un nuevo récord histórico: a junio de 2011 totalizan más de 24 millones de hectáreas, que equivalen a un 18,91% del territorio nacional. Es decir que en 6 meses, las concesiones mineras han crecido en casi 3 millones de hectáreas, un hecho sin precedentes. Al parecer, el actual gobierno ha buscado garantizar el acceso de los inversionistas a concesiones antes que se haga efectivo el cambio de autoridades.
TLC: quién gana, quién pierde. El capítulo de inversión del TLC Perú-EE.UU podría premiar a una empresa que incumplió todas sus obligaciones ambientales y sociales en el Perú. La empresa Doe Run Perú y el Grupo Renco han decidido llevar al Estado peruano a un arbitraje internacional, en el marco del TLC entre Perú y Estados Unidos, buscando obtener una indemnización de nada menos que US$800 millones. Este proceso tiene grandes avances por parte de la empresa, quienes tienen el respaldo de 8 congresistas en EE.UU, y cuentan con una estrategia muy definida, señala José De Echave, Coordinador del Observatorio OCM, y remarca que el Estado corre el riego de indemnizar a una empresa que ha contaminado durante años, “el Estado ha reaccionado de manera muy lenta y sin ninguna estrategia, nos encontramos con una empresa que está a la defensiva frente a un Estado débil”.
Y este tema los sucesos de Puno durante las últimas semanas marcan un punto de quiebre en la evolución de los conflictos vinculados a la actividad minera en el Perú. Hay varios factores a considerar: nunca antes un conflicto había obligado al Ejecutivo a producir tantas normas: tres decretos y otras tantas resoluciones supremas, que derogan las concesiones del proyecto Santa Ana, suspenden todas las concesiones en Puno y ordenan la limpieza de la cuenca del río Ramis. Por tanto, las normas emitidas abrirán una caja de pandora de cuestionamientos por parte de las empresas y hasta posibles procesos de arbitraje al amparo de los capítulos de inversiones de los TLC.
Con este panorama no será sencillo para el nuevo gobierno, revertir esta situación y no existen remedios milagrosos. Se trata de recuperar confianza gradualmente a través de un conjunto de políticas correctivas que ataquen las causas de la fuerte conflictividad, el estancamiento de la producción y los problemas ambientales en el sector minero. Se espera que las nuevas autoridades y los diferentes grupos de interés vinculados a la industria (empresas, organizaciones sociales, entre otras) puedan colaborar en el diseño de un nuevo escenario que permita construir acuerdos de gobernabilidad para las industrias extractivas en el país.
Por lo tanto, la herencia del gobierno aprista en materia de minería es negativa por donde se le mire. El aumento del valor de las exportaciones y las mayores utilidades para las empresas de los últimos años se debe a los altos precios de los metales y de ninguna manera a mejores desempeños productivos o políticas públicas implementadas.
Al contrario, la postergación de la ley de consulta previa, los decretos del “perro del hortelano”, reemplazar el impuesto a las sobre ganancias por el “óbolo minero” y la falta de fiscalización ambiental en el sector han sido algunas de las malas decisiones que terminaron por ahondar la desconfianza y el malestar de poblaciones enteras. La falta de decisión política para abordar algunos temas de fondo dejará una encrucijada para el nuevo gobierno, que deberá también hacer frente a por lo menos dos procesos de arbitraje internacional en el marco de los TLC.
El Observatorio de Conflictos Mineros, hace el monitoreo de cinco regiones del país, según los mapas de concesiones Apurímac es la región que más territorio tiene concesionado: 56.52%; le sigue Cajamarca con: 48.47%; Piura: 27.48% ; Junín: 24.68%; y Cusco: 18.12%.
El inicio del nuevo gobierno nacional marca un escenario que tendrá claras repercusiones en el manejo de los conflictos mineros. Los casos emblemáticos analizados desde el observatorio muestran lo que viene sucediendo en el país; marcan las principales tendencias a nivel regional y plantean la agenda social pendiente en torno al desarrollo de la minería.
Casos por regiones:
En Piura se presenta un clima propicio para que se tomen decisiones hacia la definitiva protección de ecosistemas importantes como los páramos y las fuentes de agua. Sin embargo, las amenazas no cesan: se ha comenzado una campaña mediática que busca retomar el proyecto minero Tambogrande y siguen llegando informaciones que confirman el interés de empresas chinas por el cuestionado proyecto Rio Blanco. Además, están las amenazas de la expansión de la minería informal en distritos como Suyo, Sapillica y Las Lomas.
Apurímac se perfila como un nuevo centro de inversión minera en el Perú. El crecimiento de la minería formal y los megaproyectos y también de la minería artesanal, ha profundizado la disputa por acceder a los recursos en las zonas de influencia de los proyectos. Entre los temas de conflicto también se coloca la demanda de empleo y las expectativas laborales de las poblaciones.
En Cusco, el conflicto en torno al proyecto Majes Siguas II, sigue sin encontrar una solución definitiva. La decisión final está en manos del Tribunal Constitucional y este caso marca un hito importante en un tipo de conflicto que será cada vez más recurrente: la disputa por recursos hídricos. En esta región también se registra una serie de nuevos emprendimientos mineros, que se suman al proyecto Antapaccay, de la anglo-suiza Xstrata.
En Junín, el Estado Peruano corre el riego de indemnizar a Doe Run de nada menos que US$800 millones. TLC: quién gana, quién pierde, el Capítulo de inversiones del TLC Perú-EE.UU podría premiar a una empresa que incumplió todas sus obligacxiones ambientales y sociales.
En Cajamarca, las quejas públicas por episodios de contaminación minera son frecuentes y por ello la población hace denodados esfuerzos para proteger sus fuentes de agua, en esta ocasión con el apoyo de las autoridades regionales. La lógica oficial sigue siendo imponer proyectos sin participación social en la toma de decisiones. Un claro ejemplo es el proyecto Tantahuatay de la empresa Minera Coimolache (Grupo Buenaventura y Southern Copper).
Presentación Informe OCM VIII: http://www.megaupload.com/?d=MI0Z72BY
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