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CON GRABACION PRESIONAN A JEFA DE RECURSOS HUMANOS

Para que acepte medida cautelar de reposición de ex trabajador

PIURA, FEB.- Con un comportamiento prepotente e incisivo, hoy en horas de la mañana ex trabajadores del Área de Abastecimientos del Gobierno Regional Piura, como son el abogado Omar Gemín Requena y su patrocinado el asistente administrativo Walter Yoel Castro Taboada, pretendieron obligar a la jefa de Recursos Humanos, abogada Angélica Palomino para que acepte la medida cautelar de reposición de Castro, dictada por el Quinto Juzgado Civil de Piura.

Según la abogada Palomino, jefa de Recursos Humanos, estas personas ingresaron a su despacho a las 12 y 30 de la mañana aproximadamente con la intención de presionarla con grabación mediante un celular, para que acepte la medida cautelar de reposición del ex trabajador Walter Yoel Castro Taboada.

Con preguntas repetitivas a la funcionaria, el abogado Gemín Requena le exigía aceptar la medida cautelar que indica que en el transcurso de tres días el Gobierno Regional debe proceder a incorporar a Castro Taboada, quien se desempeñó desde el año 2004 como asistente administrativo en el área de Abastecimiento, en las modalidades de Servicio No Personales y Contrato Administrativo de Servicios.

“¿Dime si lo vas incorporar o no?… ¿Pero contéstame lo vas incorporar o no?...Respóndeme, es una orden judicial?”, fueron las preguntas del abogado Omar Gemín hacia la abogada, mientras que su acompañante Walter Castro grababa con su celular la reacción de Palomino, la misma que señaló había sido alertada por sus trabajadores del área que dichas personas habían ingresado momentos antes a grabar todo.

“Yo no voy a permitir que vengan a sorprenderme así de esta manera incorrecta; se están aceptando las medidas cautelares pero con notificaciones del mismo juzgado, no con las mismas personas a querer exigirme que lo haga.

Además, el juzgado desconoce que no hay dinero para la cancelación de estas reposiciones”, explicó Palomino.

Agregó que sobre esta situación remitirá un informe a la Alta Dirección para tomar las medidas legales del caso, porque esto no se permitirá durante esta gestión, y más aún de profesionales que se valen de las amistades con algunas instituciones del Estado.

“El abogado comenzó a llamar por teléfono a una amiga fiscal, o sea, qué hay detrás de esto, hay que investigarlo”, señaló.