jueves, agosto 19, 2010



Más de 100 familias usurpan terrenos del Estado en sector nor oeste de la ciudad
INASISTENCIA DE FISCAL FRUSTRA DESALOJO DE “INVASORES”

PIURA, 19 AGO.- Representantes de la Dirección Regional de Agricultura y del Gobierno Regional lamentaron que por inasistencia de la Fiscal de Prevención del Delito se haya frustrado la diligencia de desalojo de los invasores de unos terrenos del Estado situados en el sector nor-oeste de la ciudad, la cual estaba prevista para la mañana de hoy jueves, alegándose en el Ministerio Público que ya se había cometido el delito y se debía ventilar esto en la vía judicial.

En efecto, como consta en el Oficio Nº 666-2010-RP-PIU-CPNP-LA-SI, cursado por el Comisario de Los Algarrobos, Mayor PNP Carlos Castillo Otero a la Fiscal de Prevención del Delito Verónica Velásquez, y recibido por ésta en la fecha, se le pide su participación en la diligencia de erradicación de moradores usurpadores de un terreno de propiedad del Gobierno Regional Piura, situado en la parte oeste cerca del A.H. Las Dalias con La Molina II, denominados “Quinta Ana María” y “Quinta Pilar”

Tal requerimiento se hizo con la finalidad que la representante del Ministerio Público garantice la intervención policial y para prevenir la comisión de ilícitos penales.

Sin embargo, no obstante que las fuerzas del orden y funcionarios del Gobierno Regional se concentraron en la Comisaría del A.H. Los Algarrobos para coordinar la intervención, la fiscal nunca apareció. Conforme obra en el acta respectiva, se hicieron presentes el Director de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de Agricultura, Ernesto Gonzales Castillo, la Procuradora Pública del Gobierno Regional, Rosa Chinchay Labrín, y el Subgerente Regional de Bienes Regionales y Ordenamiento Territorial, Daniel Seminario Madueño.

También se apersonaron el Comisario Mayor PNP Carlos Castillo Otero y el Jefe de la División de Servicios Especiales, Mayor PNP Juan José Gárate De Aranguren.

El Director de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de Agricultura, Ernesto Gonzales señaló que las áreas invadidas el pasado miércoles al mediodía por parte de personas inescrupulosas que organizan invasiones para traficar con los terrenos, son propiedad del Estado y están reservadas para determinadas labores que se le dará como Gobierno Regional. En unas siete hectáreas de terreno –del total de 60 que comprende la zona- se han instalado un promedio de 150 familias.

Señaló que con la denuncia interpuesta el mismo miércoles se buscó dentro de las 24 horas repeler este tipo de invasiones que están prohibidas por ley. Pero el hecho que no haya asistido ningún representante del Ministerio Público obligará a que se recurra a la vía judicial, donde se tardará por lo menos dos años para obligar al retiro de las familias usurpadoras.

“Estamos decepcionados porque no se está ejercitando los derechos del propietario, que en este caso es el Estado”, precisó.

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