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Denuncian al Estado por favorecer impunidad en caso de víctimas de esterilización forzada

PiuraWeb Noticias
julio, miércoles 14, 2010

DEMUS presentó demanda ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos con dos nuevos casos
Gobierno de Fujimori vulneró derechos de miles de mujeres y Ministerio Público archivó hace seis meses expediente que involucraba a 2,074 víctimas

El Estado peruano afronta una nueva demanda en el fuero internacional por vulneración de derechos humanos. La institución feminista DEMUS lo denunció por violentar los derechos humanos de quienes fueron esterilizadas contra su voluntad en el gobierno de Alberto Fujimori, y por no garantizarles el acceso a justicia y reparación. Por el contrario, dejó impune este delito de lesa humanidad.

El 11 de junio último, DEMUS presentó su demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con dos nuevos casos[1] emblemáticos de lo ocurrido a miles de peruanas, estimadas en más de 200 mil, siendo la mayoría pobres de zonas rurales y urbano marginales. Se trata de CERD y de LVCH, quienes fueron privadas de su derecho reproductivo con presiones, coacción y a la fuerza.

CERD murió en julio de 1997 a consecuencia de la operación realizada en el hospital de Piura a donde llegó tras el incesante acoso del personal de salud. A LVCH, migrante andina quechuahablante de la zona periférica del distrito La Molina, la convencieron de practicarse una ligadura de trompas a la que finalmente se negó al observar el abundante sangrado en otra paciente.

Fue entonces llevada a la fuerza a la sala de operaciones del hospital Hipólito Unanue y amarrada para proceder con la intervención. “Acudimos al sistema regional de protección de derechos humanos porque en la instancia nacional se agotaron los recursos para obtener justicia.

Es fundamental que el Estado peruano reconozca su responsabilidad internacional al haber violado de manera sistemática y generalizada los derechos reproductivos de miles de mujeres peruanas. Queremos contribuir a que termine la impunidad y las víctimas reciban una reparación integral por los daños irreversibles sufridos”, afirmó Diana Portal, abogada del caso.

En diciembre del 2009 el Ministerio Público declaró la prescripción de la denuncia[2] tras ocho años de investigación, pese a que la esterilización forzada constituye una grave violación a los derechos humanos que configura delito de lesa humanidad.

Así, estaría librando de responsabilidad a los.ex ministros de Salud del régimen fujimorista Eduardo Yong, Marino Costa Bauer, Jorge Parra y Alejandro Aguinaga, actual congresista, responsables del Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva que además de violentar los derechos reproductivos causó la muerte de por lo menos 18 mujeres.

La abogada precisó que con esa decisión el Estado le dijo al país que la impunidad se permite cuando una política pública violenta a las mujeres, “lo que es inadmisible”.

Las víctimas están afectadas no solo en su salud física sino mental –remarcó- ellas no pudieron decidir si querían tener más hijos o no, pues la anticoncepción quirúrgica les fue impuesta de manera violenta o usando la coacción. Portal expresó su confianza en que el fuero internacional determine la responsabilidad estatal, contribuyendo al acceso a justicia y reparación de estas mujeres

DATOS[1] DEMUS junto con Aprodeh, CRR, CLADEM y CEJIL demandó al Estado ante la Comisión IDH por la muerte de Mamérita Mestanza en 1998, caso emblemático de las esterilizaciones forzadas masivas en Perú. Mediante un Acuerdo de Solución Amistosa Estado reconoció su responsabilidad internacional y se comprometió a sancionar a los responsables. No lo hizo.

[2] La Fiscalía Superior Penal confirmó el rechazo a la queja interpuesta por DEMUS en mayo del 2009 contra la decisión del fiscal Jaime Schwarts, quien archivó la denuncia aduciendo falta de pruebas y prescripción del delito.